Escrito por: ARISTIDES REYES Santo Domingo.-
Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Tommy Galán y Julio César Valentín sometieron un proyecto de ley sobre racionalización del gasto público que prohibe “terminantemente” a las instituciones del Estado la compra y donaciones de canastas navideñas a particulares.
La iniciativa también limita al 0.30 por ciento los gastos que en publicidad, impresión y encuadernaciones lo que será fiscalizado por la Controlaría general de la República.
En uno de los considerando de la pieza se establece que e los organismos del Estado deben garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente.
Galán y Valentín expresan en su iniciativa que con tantas necesidades que tiene la población, es injusto que se dilapiden los recursos estatales dándolos “graciosamente a particulares.
El proyecto en su artículo 4 párrafo tres sobre la prohibición de la compra de canastas, exceptúa las raciones alimenticias que dentro de sus programas sociales ejecuta el gobierno.
Sobre el gasto de publicidad e impresiones, excluye de ese 0.30 por ciento a a las publicaciones y avisos contemplados en la Ley No-340-06 sobre compra y contrataciones.
Viajes al exterior
El proyecto de Galán, representante de San Cristóbal y Valentín, de Santiago, establece que los funcionarios públicos sólo podrán realizar tres viajes al exterior por año, excepto el presidente y vicepresidente de la República y los ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo.
Esos funcionarios deberán demostrar con documentación la necesidad de sus viajes al exterior.
Los gastos en los viajes al exterior no cubrirán el consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, entradas a parques y teatros, ropas y gastos personales.
Consigna que todos los pasajes aéreos y marítimos de los servidores públicos serán en clase económica, excepto para el Presidente y Vicepresidente.
Celulares y cables
La propuesta de los senadores peledeístas, contempla una reducción de un 20 por ciento al año anterior a la promulgación de la ley, la contratación de servicios de cable y celulares por parte de las instituciones estatales.
Establece para los presidente del Senado y la Cámara de Diputados, así como para los ministros mil minutos mensuales por servicios de celulares.
Como en todos los casos, el primer y segundo mandatario de la nación son excluidos.
Responsabiliza al contralor general del cumplimiento de esta ley, así como de presentar un informe detallado cada tres meses ante el Congreso.
Uno de los considerando de la iniciativa dice que: La racionalización del gasto público son herramientas indispensable para reencauzar las finanzas públicas hacia el deseado equilibrio fiscal y el desempeño del Estado basado en criterios de eficiencia”.
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